La calificación que da en Libertad Económica de la Fundación Heritage evalúa anualmente el entorno económico de los países en función de variables como el estado de derecho, la eficiencia regulatoria, la apertura de mercados y el tamaño del gobierno. En el caso de Sudamérica, el puntaje promedio de la región sigue siendo moderado o bajo, con marcadas diferencias entre países, lo cual tiene profundas implicaciones en su desarrollo económico, atracción de inversiones y calidad de vida.
En general, Chile y Uruguay suelen ubicarse entre los países sudamericanos con mayor libertad económica, con puntajes que superan los 65 puntos sobre 100, ubicándose en la categoría de “moderadamente libres”. Esto se debe a marcos regulatorios relativamente estables, apertura al comercio exterior y un sistema judicial que, aunque con limitaciones, tiende a respetar el estado de derecho. Estas condiciones favorecen la inversión extranjera, fomentan el emprendimiento y permiten una mayor dinamización del sector privado.
Por otro lado, países como Venezuela, Bolivia y Argentina presentan una calificación en la Libertad Económica más bajos de la región, en algunos casos por debajo de los 50 puntos, siendo catalogados como “reprimidos” o “mayormente no libres”. Estas bajas calificaciones reflejan entornos económicos marcados por intervencionismo estatal, inestabilidad jurídica, controles de precios y cambiarios, corrupción y restricciones a la inversión. Esto desalienta tanto la inversión local como extranjera, limita la productividad y acentúa la informalidad.
El impacto de estos niveles de libertad económica es directo: los países con mayor libertad tienden a crecer más sostenidamente, atraer capital extranjero, generar empleo formal y reducir la pobreza con mayor eficacia. Además, hay una correlación entre altos niveles de libertad económica y mejoras en otros indicadores como calidad institucional, innovación y competitividad global. En contraste, las economías con baja libertad experimentan ciclos recurrentes de crisis, alta inflación y emigración de talento.
En el contexto actual, marcado por la transformación tecnológica y la competencia global por inversiones, los países sudamericanos que logren avanzar en reformas estructurales que fortalezcan su libertad económica estarán en una mejor posición para integrarse a las cadenas globales de valor. Esto implica no solo mejorar sus políticas macroeconómicas, sino también garantizar seguridad jurídica, transparencia y reglas claras que promuevan la iniciativa privada. La libertad económica, en definitiva, no es un fin en sí mismo, sino una condición clave para el desarrollo sostenible y la prosperidad.
